Editorial del Diario Ibérico, 29 F 2008 escrigué:

El catalán, en el juzgado

Un joven menorquín y su madre han acabado ante un juzgado de Maó por unos hechos que se originaron al dirigirse el muchacho en catalán a un policía en un control. Al ir a presentar una denuncia por la actitud de los policías, hubo otra discusión, por el mismo asunto, en las dependencias policiales, y este último incidente motivó una denuncia contra el chico y su madre. Finalmente, fueron absueltos.

El problema no es que fueran o no absueltos -que también-, sino que una discusión de tipo lingüístico acabe en un juzgado, y, además, a causa de una denuncia presentada por agentes de la policía.

Por mucho que se pretenda lo contrario, hay sectores de la administración del Estado que no están en absoluto preparados para asumir la normalización lingüística. La propia redacción de la denuncia policial indica por dónde va la cosa, dado que se afirma que los denunciados hablaban en "catalán o menorquín", con lo que se pretende establecer una diferencia lingüística inexistente.

Ya no son los tiempos del "¡hábleme en cristiano!", pero, por la actitud de algunos empleados del Estado, parece que esos años son añorados en según qué sectores de la administración española.

Porque el texto de la denuncia que también presentaron los denunciados deja poco lugar a dudas sobre la nula predisposición lingüística de los agentes con los que tuvieron los dos incidentes, agentes que utilizaron la burla y el insulto contra el joven y su madre, sólo porque hablaban en catalán.

Por mucha buena voluntad que pueda ponerse en los procesos de normalización lingüística, está claro que en determinados ámbitos esos procesos son extremadamente dificultosos, porque se practica un auténtico boicot a los mismos.

La policía, como otros cuerpos de funcionarios del Estado, está financiada con dinero público. Es decir, los policías que se burlaron del joven de Maó y de su madre por hablar en catalán, reciben su sueldo de un Estado cuya Constitución establece y avala el uso de las lenguas oficiales.

Este tipo de boicot a la normalización lingüística debería ser tenido en cuenta por quienes creen que esos procesos de normalización están de más, que sobran. No sólo no sobran, sino que deberían reforzarse, visto lo visto. Y las autoridades del Estado tendrían que procurar que sus subordinados cumplieran las leyes vigentes.

http://www.diarioiberico.com/editorial/ … 19325.html

Propose debat sobre un fet tan penós i que ja estem avorrits de denunciar i que digueu si vosaltres també heu patit alguna vegada algun cas de discriminació per raons de llengua.